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Desde el 16 de diciembre pusieron en funcionamiento unas videocámaras en un principio para fines de seguridad que después se han tornado en fines de control de horario de su personal.
No son las mismas que ya estaban colocadas en el edificio donde se trasladó, sino unas adicionales que nos han costado a los españoles 41.000 euros para el control de su personal.
Poca confianza demuestra la Dirección del Tribunal de cuentas en su personal altamente cualificado, cuando además de fichar, y pasar por un torno, tiene que ser vigilado por una cámara que todo lo ve, a modo de un gran hermano de la Administración, porque los numerosos dispositivos de control para el Tribunal, resultan insuficientes, con el único objetivo de comprobar si están o no sentados en su sitio, sus 562 empleados con los que actualmente cuenta el Tribunal.
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