La CRUE pide a la Ministra de Trabajo un régimen laboral específico para no colapsar la I+D+i - Sobre los contratos postdoctorales Margarita Salas
29 de Marzo de 2022

La CRUE pide a la Ministra de Trabajo un régimen laboral específico para no colapsar la I+D+i

El pasado jueves, la Crue envío una carta a Yolanda Díaz (se adjunta) cuestionando una reforma laboral que no ha tenido en cuenta las implicaciones que la eliminación del contrato por obra y servicio pudiera tener en las actividades de investigación y transferencia.

Tampoco consideran los rectores una solución el contrato indefinido de carácter científico-técnico recogido en el Anteproyecto de Ley de la Ciencia.

La Crue pide que la investigación y la transferencia sea considerada una actividad con un régimen laboral específico en el que se permita la utilización de una modalidad de contrato de duración determinada vinculada con la naturaleza temporal de los proyectos.

Sobre los contratos postdoctorales Margarita Salas

Desde CSIF, solicitamos el 17 de febrero al Ministerio de Universidades información y directrices ante las quejas que estábamos recibiendo por parte de investigadores sobre la percepción de ayudas Margarita Salas para formación de jóvenes doctores.

En relación con la cuestión relativa al tratamiento de la cuota patronal de la seguridad social en el cálculo del importe de la ayuda a percibir por la persona investigadora, el Ministerio de Universidades nos acaba de responder que “las personas interesadas y/o que han sido seleccionadas por las universidades como beneficiarias de estas ayudas deberán dirigir sus consultas a dicha universidad o bien plantear su disconformidad siguiendo los procedimientos establecidos tanto en la convocatoria como en la resolución de concesión de la universidad correspondiente”.

En relación con la duración de las ayudas Margarita Salas en los supuestos puntuales en los que resultase necesaria la realización de las estancias en 2024, el Ministerio de Universidades responde que “las universidades deberán tener prevista en sus convocatorias la forma de pago de las ayudas con el importe total transferido. Esto supondría para las universidades concedentes la necesidad de tener comprometido a 31 de diciembre de 2023 el gasto correspondiente a los pagos que necesitasen ser realizados en 2024”.

En definitiva, las universidades culpan al Ministerio y éste elude el tema descargando la responsabilidad en los rectores. Para CSIF lo único claro y lamentable es que, al final, la precariedad que se produce al no haber tenido en cuenta las cuotas de la seguridad social y el impedimento a contratar un tercer año lo sufren los investigadores.

29 de marzo de 2022