AnteProyecto de la Nueva ley de Empleo. La ministra de Trabajo deja de lado la gestión de las prestaciones por desempleo
- CSIF advierte de que la transformación del SEPE en la Agencia Española del Empleo no resolverá los problemas de este organismo si no va unida a un incremento de la plantilla e innovación tecnológica
- Exigimos una reunión urgente: pretende transformar el SEPE en una nueva Agencia sin contar con los/as representantes de los empleados públicos, obviando la función fundamental del organismo
10 de Diciembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, advierte de que la posible transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española del Empleo no resolverá el verdadero problema de este organismo, si no va unida a un incremento sustancial de su plantilla y al desarrollo e implantación de innovación tecnológica en lo que respecta a la gestión de las prestaciones por desempleo.

Desde este sindicato y salvo referencias muy concretas, lamentamos la ausencia de información y que el Consejo de Ministros haya aprobado el pasado día 3 el anteproyecto de la Ley de Empleo -que plantea la transformación del SEPE en esta nueva Agencia- sin contar con los/as representantes de los trabajadores/as, que desde hace dieciocho meses estamos alertando sobre la situación límite que sufre este Organismo.

A la espera de la tramitación de la mencionada propuesta legislativa y demás medidas contempladas que deben desarrollarse, hemos de poner de manifiesto la otra cara de la moneda.

En primer lugar, y no sabemos si intencionadamente, se pretende hacer entender al conjunto de la ciudadanía que todo lo relacionado con el empleo y la formación de los desempleados también es gestionado por el SEPE, cuando el conjunto de aspectos correspondientes a esta materia son una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, quedando para el SEPE el impulso y la coordinación de dichas políticas con esas administraciones.

En segundo lugar, que debe haber una sinergia entre las políticas activas y la protección por desempleo, de manera inequívoca. Por tanto y bajo esta premisa, el SEPE debería contar con una dotación de recursos humanos y económicos acorde a la que reciben las comunidades autónomas para realizar una gestión óptima de las prestaciones por desempleo a nivel estatal.

A partir de ahí, precisamos soluciones inmediatas a la gravísima carencia de efectivos, e implementar recursos tecnológicos que permitan una mayor agilidad para gestionar la actual carga de trabajo. Esta carga de trabajo es consecuencia, entre otras, de la altísima rotación que se está produciendo en el mercado laboral, debido a la debilidad manifiesta de la contratación indefinida frente a la temporal, que lleva a cientos de miles de trabajadores a acudir a las oficinas de prestaciones para solicitar la protección por desempleo.

Por otra parte, subrayamos que a las altísimas cargas de trabajo que ha generado la crisis económica consecuencia de la pandemia -que cuadruplican las existentes a 30 de junio de 2019- se añaden la descapitalización de efectivos en estos últimos años y el alarmante número de jubilaciones que se están produciendo entre la plantilla ante la incertidumbre de la reforma de las pensiones y la alta edad media de la misma.

En este sentido, desde CSIF constatamos que la gestión de las prestaciones por desempleo no es ni prioritaria ni importante para los máximos responsables de este organismo, a pesar de que éste tramita de media cada año alrededor de treinta mil millones de euros, puesto que no se le dota de los medios mínimos, ni humanos ni materiales. Todo ello implica un evidente retraso para nuestros usuarios en la obtención de cita previa presencial y en la gestión de sus solicitudes de prestaciones por desempleo.

Reiteramos lo denunciado en tantas ocasiones: 3.500 efectivos estructurales perdidos en estos últimos diez años, además del cese de otros 1.500 funcionarios interinos incorporados consecuencia del COVID. En definitiva, un total de 5.000 trabajadores han dejado de prestar servicio a la ciudadanía, una cifra que pretenden compensar con la incorporación a corto plazo de 250 funcionarios interinos, sin experiencia alguna en la gestión de las prestaciones.