CSIF reclama un Plan Nacional de Prevención del Suicidio con medidas concretas para los colectivos con mayor incidencia
-CSIF advierte del impacto de la pandemia en la salud mental de los trabajadores/as de Emergencias
09 de Septiembre de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemora este 10 de septiembre el Día Mundial de Prevención del Suicidio bajo el lema “Elige Vivir”.

El suicidio es un grave problema social que debemos priorizar en las políticas de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente 800.000 personas mueren a causa del suicidio cada año.

En España, es la principal causa de muerte no natural, por encima de las muertes por enfermedades y por accidentes de tráfico, con un total de 3.671 suicidios al año, según los últimos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2019. De ellos, 2.771 corresponden a hombres y 900, a mujeres.

Esto supone que cada día se suicidan diez personas en nuestro país. Los datos son estremecedores, ya que por cada muerte por suicidio se calcula que hay al menos 20 intentos. El segmento de edad donde son más frecuentes se sitúa entre los 35 a 55 años, coincidiendo con la franja de población en edad laboral.

En este contexto, el entorno laboral constituye un lugar primordial para implementar estrategias de prevención del suicidio en la edad de adulta, al igual que los centros educativos son esenciales, en el caso de la infancia, la adolescencia y la juventud.

La relación entre trabajo y suicidio tiene diferentes vertientes. Por ejemplo, situaciones traumáticas o de estrés laboral sostenido en el tiempo, jornadas maratonianas que no permiten la desconexión, pero también la pérdida del empleo o el desempleo de larga duración pueden incidir en una mayor probabilidad de que surjan conductas suicidas.

Además, hay colectivos profesionales, como el personal sanitario y de emergencias, especialmente vulnerables, con altas cargas de estrés por las características propias de su trabajo. A éstas se les añaden otras problemáticas familiares derivadas de un trabajo sometido a turnos y horarios intempestivos, sin festivos y sin periodos vacacionales fijos.

La pandemia y sus efectos colaterales han provocado daños en la salud mental de la ciudadanía en general, más acusados aún entre los diferentes colectivos profesionales que han estado en primera línea de lucha contra el COVID19.Desde CSIF, llamamos la atención sobre colectivos como la Policía Local o la Sanidad, que aún no cuentan con ningún protocolo específico para prevenir suicidios.

Por todo ello, reclamamos la aprobación urgente de una Estrategia Española de Salud Mental 2021-2026, que ponga el foco en un Plan de Prevención Nacional del Suicidio, con dotación presupuestaria y con medidas específicas para los colectivos profesionales más vulnerables.

CSIF, en el marco de su responsabilidad civil y como organización comprometida con la salud mental y con los riesgos psicosociales, ha trasladado una batería de propuestas y de reivindicaciones a los Ministerios de Sanidad y del Interior, entre las que se encuentran:

  • Aprobación de un Plan Nacional de Prevención del Suicidio que incluya medidas para los colectivos profesionales con mayor incidencia (policías, sanitarios, bomberos, etc.).

  • Protocolo Antisuicidios específico para los colectivos profesionales más vulnerables como la Policía Local y el personal de la Sanidad, al igual que los ya creados en los casos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

  • Mayor inversión en protección de la Salud Mental con un enfoque multidisciplinar.

  • Programas de prevención, detección precoz e intervención ante las conductas suicidas con refuerzo y apoyo psicológico en el entorno laboral.

  • Los suicidios derivados del ámbito laboral deben considerarse accidentes laborales, tras una autopsia psicosocial.

  • Campañas de sensibilización social y visibilización del problema para romper estigmas y tabús y que pueda identificarse: las administraciones deben incrementar sus recursos.

  • Ampliación de los criterios del registro del INE para determinar la actividad profesional del suicida.

  • Promoción de la educación emocional ya desde la escuela.

  • Medidas para dar a conocer los factores de riesgo asociados al suicidio y actuaciones específicas para prevenirlo.

  • Implantación de un servicio telefónico de atención al riesgo suicida, de tres cifras, de carácter público y gratuito.

  • Asesoramiento específico a las familias afectadas.

  • Formación a los profesionales para aprender a gestionar y regular el estrés laboral y los impactos en el trabajo.

  • Formación y capacitación de los profesionales de la Atención Primaria y de los Médicos/Enfermeros del trabajo para identificar grupos de riesgo y técnicas de detección y manejo de conductas suicidas.

  • Pedimos también a los medios de comunicación que se impliquen activamente ofreciendo una información responsable y adecuada sobre el suicidio.