CSIF muestra su disposición a la ministra de Justicia para impulsar las reformas pendientes
- La transformación judicial debe incluir mejoras laborales y retributivas y abordar los problemas estructurales de la justicia: refuerzo de plantillas y disminución de los casos pendiente, entre otros
- La ministra traslada a CSIF su reconocimiento a la labor del personal de la Justicia durante la pandemia para asegurar la prestación del servicio público
28 de Julio de 2021

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y mayoritario en la Justicia, ha mostrado su disposición y colaboración a la ministra de Justicia, Pilar Llop, para impulsar las reformas judiciales pendientes.

La ministra de Justicia pidió a CSIF que transmitiéramos al colectivo su reconocimiento por el trabajo desplegado durante la pandemia en condiciones difíciles y haciendo posible la continuidad en la prestación del servicio público esencial, como corresponde en una democracia moderna. Asimismo, nos aseguró que se mantienen los proyectos de justicia 2030, así como las negociaciones en marcha, que continuarán en septiembre.

Por su parte, CSIF ha trasladado la necesidad de abordar desde la negociación colectiva, la necesaria transformación de la Administración de Justicia y, en particular, los proyectos que impulsa el Ministerio tales como las leyes de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal, de transformación digital, de enjuiciamiento criminal, o el nuevo modelo de registro civil, implicando al personal de Justicia a través de su participación real y efectiva en el diseño e implantación de estas reformas.

En una reunión mantenida en el Ministerio de Justicia, CSIF destacó que la proliferación de casos pendientes pese la importante disminución de trámites resueltos, así como la escasez de juzgados y jueces, obligan a tomar medidas urgentes relativas al refuerzo de las plantillas. La ciudadanía no puede sufrir los efectos de la crisis en nuestros servicios públicos y para ello reclamamos un plan de recursos humanos. A modo de ejemplo, España tiene 12 jueces por cada 100.000 habitantes frente a los 21 de la media europea. De un estudio presentado por CSIF sobre necesidades de personal en el sector público se desprende que la Administración de Justicia necesita algo más de 19.000 puestos de trabajo adicionales en todos los Cuerpos de funcionarios para equipararse a estándares europeos.

En ese marco, CSIF trasladó a la ministra las principales reivindicaciones que afectan al personal de Justicia: la continuidad en la negociación de los temas que se estaban abordando antes del cambio de titular en el Ministerio, la negociación anual de plantillas con estructuración de refuerzos de 3 años y ofertas de empleo público y concursos anuales coordinados, la regulación básica de la carrera profesional, el fomento de la promoción interna para que sea real, la revisión del sistema de guardias y de la productividad, la eliminación de las diferencias retributivas en el concepto de grupos de población y la revisión de la estructura salarial de todos los cuerpos, entre otras. Es necesario también crear unidades administrativas con personal de Justicia para resolver los problemas de gestión que provocan retrasos en los procesos selectivos, concursos de traslados, sustituciones, comisiones de servicio o provisión por interinos.

La politización de la Justicia con asuntos tan importantes como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no debe despistarnos a la hora de acometer las reformas que necesita la ciudadanía. La transformación de la Administración de Justicia debe incluir mejoras laborales y retributivas para su personal con el objetivo claro de dignificar y reconocer el trabajo que diariamente desempeñan, así como aprovechar su potencial para prestar el mejor servicio público posible.

A este deterioro en la Justicia le perjudica también que las bolsas de personal interino ya están agotadas ante el retraso en las ofertas de empleo público, por lo que el Ministerio se está viendo obligado a recurrir a las listas del paro para contratar refuerzos. Se suma también la antigüedad de los medios tecnológicos, con aplicaciones obsoletas y sistemas informáticos lentos que afectan a la tramitación de los procedimientos.