La alta temporalidad en las plantillas docentes impedirá cumplir el Real Decreto que regula la creación de universidades
- CSIF pide poner coto a la proliferación sin control de universidades privadas, que cada año incrementan exponencialmente su negocio y su número de alumnos
- La falta de precisión, claridad y criterios homogéneos tampoco ayuda a la hora de considerar y evaluar la actividad investigadora o la cualificación del personal docente e investigador
28 de Julio de 2021

Más de la mitad de las universidades españolas (32 públicas y 13 privadas según un reciente estudio del Observatorio del Sistema Universitario) superan el máximo del 40 por ciento de temporalidad permitido por la ley. En concreto, los centros públicos superan actualmente por seis puntos porcentuales el tope de contratos temporales permitidos, según el Real Decreto sobre creación de Universidades que publica hoy el Boletín Oficial del Estado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, advierte de que esta situación es fruto de las políticas de recortes de los últimos años, cuya herramienta restrictiva clave fue la tasa de reposición, y aún está lejos de ser revertida.

Por mucho que el ministro de Universidades se refiera continuamente a esta cuestión, desde su departamento no se ha hecho absolutamente nada para acabar con los escandalosos datos de precariedad y temporalidad en las universidades públicas españolas. Muy al contrario, su propuesta de crear una carrera laboral paralela a la funcionarial puede agravar estas situaciones inaceptables.

El tiempo sigue pasando y muchos meses más transcurrirán hasta la hipotética aprobación de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que, al parecer se presentará en otoño y cuya aprobación en el Parlamento se anuncia para 2023.

Entretanto, continuarán sin resolverse los problemas de precariedad e inestabilidad del profesorado laboral (ahí sigue sin solución la situación de miles de profesores asociados), seguiremos sin un Estatuto del PDI que defina una carrera académica estable y predecible, sufriremos la escasa financiación, el mantenimiento de la tasa de reposición y los obstáculos burocráticos de la investigación.

La falta de precisión, claridad y criterios homogéneos tampoco ayuda a la hora de considerar y evaluar la actividad investigadora o la cualificación del personal docente e investigador. En este escenario de altísima temporalidad habrá que ver la repercusión que tendrá en un futuro inmediato en las universidades públicas el requisito del 50% de doctores para grados y másteres.

Además, analizando las disfunciones y disparidades de criterios y vista su dependencia del poder político, el sindicato considera peligroso que las agencias de calidad autonómicas sean las únicas garantes del cumplimiento de las exigencias contenidas en el real decreto.

Por otro lado, CSIF ya pidió poner coto a la proliferación sin control de universidades privadas que cada año incrementan exponencialmente su negocio y su número de alumnos, superando ya el 20% del total de estudiantes de las universidades españolas. El volumen de negocio de las 34 universidades privadas y 110 escuelas de negocios se situó en 2.575 millones de euros en 2019 según el último estudio del Observatorio Sectorial DBK.

CSIF denuncia que mientras las universidades privadas disfrutan de este escenario favorable, la universidad pública ha perdido un 4% de su personal desde 2008 y la financiación pública ha caído un 22%. El sindicato independiente comparte la filosofía de demandar para las universidades privadas -también para la UOC- los mismos requisitos y exigencias que para las universidades públicas.