CSIF Granada denuncia la pérdida de más de medio centenar de unidades en la provincia en los últimos tres años y reclama la reducción real de ratios en las aulas
EDUCACIÓN
23 de Marzo de 2022
CSIF Granada denuncia la pérdida de más de medio centenar de unidades en la provincia en los últimos tres años y reclama la reducción real de ratios en las aulas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, sindicato mayoritario en la educación pública de la provincia y de la comunidad andaluza, se ha concentrado hoy junto a otros organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial -ANPE, CCOO y UGT- en la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en Granada como medida de rechazo al cierre de unidades en centros públicos y en demanda de una disminución de las ratios en las aulas de la provincia.

La responsable de Educación de CSIF Granada, Emilia Santos, ha denunciado la supresión de un total de 53 unidades en los niveles de infantil, primaria y primer ciclo de la ESO en la provincia en los tres últimos años y ha subrayado que supone “una política de supresión que se extiende por toda la comunidad andaluza y que una vez que se realizan se consolidan y es difícil poder recuperarlas posteriormente”. Según ha expresado la responsable sindical lo que proponemos es “aprovechar la bajada de la natalidad para fomentar la calidad en la enseñanza y el aprendizaje y la atención a la diversidad”.

Los sindicatos convocantes coinciden en denunciar la eliminación, en los últimos tres años, de más de un millar de unidades en los centros docentes públicos de toda Andalucía. Esto supone el cierre de aulas públicas con nefastas consecuencias sociales, en tanto en cuanto la enseñanza pública es la que atiende a los sectores más necesitados.

Estas supresiones afectan progresivamente a los cursos superiores dentro de un mismo centro, conduciendo a situaciones de deterioro de las condiciones laborales del profesorado, sometido a desplazamientos por insuficiencia de horario o supresiones de sus plazas, así como a menores perspectivas de empleo en el caso del personal integrante de las bolsas de interinos. “Un ataque, en suma, a la integridad del sistema educativo público”, denuncian.

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