CSI·F combatirá las situaciones de abuso de derecho y ofrecerá alternativas de ahorro para evitar los ERES en las Administraciones Públicas
30 de Octubre de 2012

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) ha manifestado su rechazo al decreto que desarrolla los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada en las Administraciones Públicas, porque una vez más, el Gobierno vuelve a cargar sobre los empleados públicos las medidas de sacrificio en la salida de la crisis.

El decreto además facilita las causas de aplicación del ERE, rebajando del 10 al 5 por ciento la minoración de créditos exigida para llevar a cabo los despidos, respecto al borrador inicial trasladado a los sindicatos el pasado verano. Esta situación afecta de manera potencial a un colectivo de personal laboral de 700.000 personas y sus familias.

En este sentido, CSI·F avisa que combatirá uno a uno todos los despidos que se produzcan en el sector público por la vía judicial, evitando situaciones de abuso de derecho en la aplicación de las causas de despido y ofreciendo alternativas reales de ahorro que demuestren a los jueces que el ERE no tiene justificación. Para ello, el sindicato ya ha activado desde hace meses su Observatorio sobre la Aplicación de la Reforma Laboral.

CSI·F advierte de que la administración no debe responder a criterios mercantilistas, sino de eficacia, eficiencia en el servicio al bien común y a los intereses generales. Las causas económicas no dependen de las fluctuaciones de la demanda en un mercado competitivo, sino de la ineficiente planificación presupuestaria. “Es decir, si un alcalde decide invertir la totalidad o una parte importante del presupuesto en una escultura o infraestructura sobrevalorada e ineficiente, no puede considerarse como una causa económica, sino como abuso de derecho, fraude o dolo si la finalidad es crear artificialmente la situación de déficit para despedir”, explica el sindicato en sus alegaciones dirigidas a la Administración.