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CSIF insta al Ministerio y a los grupos parlamentarios para que se impliquen en el desarrollo de esta proposición de ley y den solución definitiva a 9 años de incertidumbre. En la proposición de ley se dice expresamente lo siguiente:
“Disposición Adicional Primera. Ubicación y dotación de las Oficinas. (del Registro civil se entiende)
1.- Las Oficinas del Registro civil mantendrán su ubicación en las mismas localidades en que se encuentran las sedes de los actuales Registros civiles Municipales y de Paz. La Oficina del Registro civil central y las Oficinas del Registro civil Consulares mantendrán sus actuales sedes.
2. Los puestos de trabajo de las Oficinas del Registro civil solo podrán ser cubiertos por personal de los Cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia y se ordenarán de acuerdo con lo establecido en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo.”
Según se establece en la proposición de ley las relaciones de puestos de trabajo del Registro civil se determinarán por las CCAA o el Ministerio según la distribución de competencias en materia de personal. Asimismo, se establece que serán los Letrados de la Administración de Justicia los Encargados del Registro civil conforme a las relaciones de puestos de trabajo que se establezcan y que los Jueces de Paz mantienen las funciones que actualmente desarrollan en esta materia. Por otro lado, se establece la obligatoriedad de una aplicación informática única para todo los Registros civiles. En relación con el régimen transitorio se garantiza que todo el personal que actualmente está asignado a un Registro civil se mantiene en sus puestos de trabajo a la espera de la implantación de la rpt correspondiente.
Para CSIF, de lograrse ambos objetivos, se estaría reconociendo el trabajo y la lucha de todos los funcionarios de Justicia en defensa del Registro civil. No obstante, aún queda mucho camino por recorrer:
Aun siendo positiva, para CSIF esta proposición de ley puede mejorar su redacción en aras de un mejor Registro civil y una mejor prestación del servicio público.