CSIF lamenta el “nefasto” balance de agresiones a funcionarios de prisiones durante 2021 y reclama el reconocimiento del colectivo como figura de autoridad
Instituciones Penitenciarias
07 de Enero de 2022

CSIF lamenta el “nefasto” balance del año en las cárceles de Andalucía, que han vuelto a ser el escenario de numerosos episodios de violencia contra los funcionarios que allí trabajan, y exige al Gobierno que incremente el grado de protección de estos empleados públicos, lo cual pasa por su reconocimiento como agente de autoridad, el desarrollo práctico del protocolo contra agresiones y el refuerzo urgente de la seguridad en los centros penitenciarios, que debe pasar por la formación y ampliación de una plantilla que necesita más de medio millar de efectivos.

CSIF Prisiones Córdoba considera que la desprotección a la que diariamente se enfrentan los funcionarios es “una realidad inadmisible a estas alturas del siglo XXI”. El sindicato defiende que el primer paso para resolver esta “deriva” es solucionar el déficit de funcionarios que padece el Centro Penitenciario de Alcolea junto al resto de los establecimientos de Andalucía. El problema se agrava por el envejecimiento del personal, con una edad media de 55 años, lo que sitúa a muchos funcionarios “en una clara desigualdad física” cuando deben reducir a un preso. “Este déficit de recursos humanos equivale a un plus de presión para quienes trabajan en la prisión y en el centro de inserción social (CIS) ubicado en el Polígono Industrial de Las Quemadas. Confiamos en que haya avances a lo largo de 2022”, desea la central sindical.

Otro paso fundamental, según CSIF, es que el Ministerio del Interior tenga “tolerancia cero” hacia las agresiones físicas y verbales y “deje de criminalizar a los trabajadores” cuando se vean inmersos en un enfrentamiento con un preso. En este sentido, también lamenta la falta de noticias sobre la Ley de Cuerpos Penitenciarios que se comprometió a aprobar el Gobierno y que otorgará la categoría de agente de autoridad a este colectivo de funcionarios, con lo que cualquier acto contra ellos será considerado delito, y reclama el desarrollo del Protocolo Específico de Actuación Frente a las Agresiones, otro compromiso que “todavía no se ha llevado a la práctica”, así como la mejora de guantes, chalecos y demás elementos protectores o la introducción de las armas táser, que “permitiría ejercer contra los presos violentos sólo la fuerza personal suficiente para reducirlos”.

“Necesitamos medios coercitivos acordes con el siglo XXI. El aislamiento provisional, la fuerza física personal, las defensas de goma, los aerosoles de acción adecuada y las esposas están obsoletos en muchos casos y el catálogo de sanciones data de hace más de 37 años”, especifica CSIF Prisiones Córdoba, que como factor disuasorio de conductas violentas propone el establecimiento de nuevas y más duras infracciones disciplinarias.