CSIF rechaza la imposición del requisito lingüístico y pide una moratoria para no aplicarlo en los procesos de estabilización
El sindicato avisa de la discriminación del alumnado valenciano en la certificación respecto al de otras autonomías
09 de Mayo de 2022
Rafael Cantó, vicepresidente autonómico de CSIF Comunidad Valenciana

CSIF ha mostrado su disconformidad con la imposición del requisito lingüístico en la reunión informativa convocada para hoy por Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública. La central sindical, ante la decisión de la Generalitat de desatender sus propuestas, ha pedido una moratoria en la aplicación para que no afecte a los actuales procesos de estabilización de plantillas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), como sindicato mayoritario en la Función Pública valenciana, ha participado hoy en la reunión informativa y explicativa sobre el informe de la determinación del nivel de conocimiento del valenciano como requisito de participación en los procedimientos selectivos en el ámbito de la ocupación pública de la Administración de la Generalitat.

El sindicato, al igual que hizo en su momento con la presentación de alegaciones y con las protestas que no fueron tenidas en cuenta por la Generalitat en la nueva Ley de la Función Pública, ha manifestado su rechazo una vez más a la imposición del requisito lingüístico para acceder al empleo público. La central sindical ha insistido en que el nivel de valenciano sea considerado un mérito y no un motivo de exclusión.

CSIF, ante la situación actual de imposición de ese requisito, ha pedido a la Generalitat que establezca una moratoria y no lo aplique en los procesos de estabilización que se están desarrollando para acabar con la elevada tasa de temporalidad en la Administración.

El sindicato también ha hecho hincapié en la “discriminación” que sufre el alumnado valenciano que, a igual número de horas cursadas, obtiene una certificación en valenciano inferior a la que logran los estudiantes de otra autonomía como Baleares al terminar el mismo ciclo. Del mismo modo, ha recalcado la propia “distinción discriminatoria entre el diferente alumnado valenciano según la etapa en la que haya terminado su formación, ya que antes equivalía a B1 y ahora a B2”. En esta línea ha insistido en que “debe existir una equivalencia entre ESO/Bachillerato y BUP/COU en cuanto a la homologación del nivel de valenciano por terminación de estudios, de manera que sea para todos B2”.

La central sindical igualmente ha destacado la contradicción que supone que la Generalitat obligue a un nivel de valenciano y, al mismo tiempo, convoque escasas pruebas para obtenerlo y con menos plazas de inscripción que las demandadas, con lo que numerosos aspirantes no pueden alcanzar esa certificación debido a que la propia Administración no aporta los medios para que la consigan.

CSIF, además, ha propuesto que la recién creada Escuela Valenciana de Administración Pública (EVAP) se haga cargo de la homologación/acreditación de la formación en valenciano de los funcionarios.