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CSIF exige a Conselleria de Educación que, por medio de informes técnicos que lo avalen y que estén firmados por especialistas, demuestre la necesidad de vacunar en centros educativos. La central sindical quiere que explique el motivo de que a menores de 17 a 12 años los hayan vacunado en centros de salud, con acompañamiento de sus padres, y a quienes tienen entre 11 y 5 años lo vayan a hacer en los propios centros educativos sin compañía de sus padres.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) señala que la Generalitat va a iniciar la campaña de vacunación contra el covid en los centros escolares “con prisas e imponiendo un protocolo que no ha sido negociado ni que tampoco ha explicado”. Además, hace recaer en el colectivo docente “unas responsabilidades que sobrepasan con creces las del ámbito educativo”.
El sindicato lamenta, por ejemplo, que el protocolo a aplicar haya sido remitido a los centros educativos antes de informar en reunión a los sindicatos de Mesa Sectorial ni escuchar sus opiniones y valoraciones. “Conselleria ha actuado de espaldas al colectivo docente, imponiendo con mucha prisa un protocolo del que no ha informado”, recalca CSIF.
La central sindical advierte de los problemas para preservar la intimidad en una clase sobre quién se vacuna y quién no lo hace al realizar la vacunación en el propio centro y por franjas de edad. Esto no ocurriría si, al igual que ha sucedido con menores de 12 a 17 años, la administración de dosis contra el covid se les hubiera hecho con citación en el centro de salud correspondiente.
El sindicato subraya que se trata de “información delicada y sanitaria, que debe custodiarse y mantener la privacidad, una tarea que corresponde a Conselleria de Sanitat”. Del mismo modo, la central sindical traslada el malestar del colectivo docente ante medidas establecidas en el protocolo remitido hoy a los colegios, como que los propios centros han de asignar el local adecuado para la vacunación y garantizar su desinfección posterior.
CSIF, a este respecto, afirma que “se trata de actuaciones sanitarias, no educativas. Nos parece impresentable que Conselleria de Educación haga recaer en el profesorado este tipo de medidas, al igual que la salvaguarda de la intimidad de los alumnos y la recogida de autorizaciones. Supone, además de incrementar más la sobrecarga de trabajo, una falta de respeto tanto al profesorado como al alumnado y a las familias”.
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