Csif te informa. SENTENCIA TS: PUBLICIDAD EN COMISIONES DE SERVICIO
05 de Julio de 2019

Con fecha 24 de junio de 2019, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha fallado desestimando el recurso de casación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad Social contra la sentencia de 27 de diciembre de 2016, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de Málaga, confirmando así la necesidad de dar la publicidad debida a las comisiones de servicio para una plaza vacante cuya cobertura sea urgente e inaplazable (comisiones de servicio por el artículo 64 del R.D. 364/1995 (RGIPPT)).

En los antecedentes de hecho, la demanda viene promovida por una funcionaria de la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social, contra el nombramiento en comisión de servicios de otra funcionaria como Jefa del Área de Recaudación en el período voluntario de la TGSS Dirección Provincial en Melilla, por no ir precedida de una convocatoria pública.

La síntesis de los fundamentos de derecho dice lo siguiente:

  1. Que no hubo oferta pública de la plaza, con infracción del artículo 81.3 del EBEP.
  2. Que el nombramiento carece de motivación y no se basa en criterios objetivos relacionados con la carrera profesional de la nombrada, sino subjetivos, de mera confianza, propios de cargos discrecionales de libre designación.
  3. Que la cobertura de plazas mediante comisión de servicios no obedece a mecanismos de designación aleatorios.
  4. Que se ha incurrido en desviación de poder porque se han eludido los principios de publicidad, transparencia, objetividad, mérito y capacidad con el fin de imponer el nombramiento de un funcionario de la preferencia de quien hizo el nombramiento.

De la interpretación del artículo 81.3 del EBEP se deduce lo siguiente:

  1. La comisión de servicios se regula dentro de la movilidad funcionarial.
  2. La regulación básica se ciñe a la modalidad de comisión de servicios (la que venga exigida por existencia de plazas vacantes de urgente e inaplazable necesidad), su carácter potestativo, que haya convocatoria pública y la posibilidad de que se fije un plazo para su cobertura transitoria.
  3. Que la comisión de servicios de una plaza vacante de carácter voluntario por razones de urgente e inaplazable necesidad, debe ofertarse mediante convocatoria pública y hacerlo, en su caso, dentro del plazo que prevea el ordenamiento funcionarial respectivo.
  4. Que en ausencia de normativa de desarrollo, puede mantenerse la plaza sin ser servida pero no a cómo debe acordarse su cobertura, para lo cual es exigible ex lege que sea mediante convocatoria y que sea pública.
  5. Que a la exigencia de convocatoria pública hay que añadir otras garantías deducibles del artículo 64 del RGIPTT (existencia de vacante de urgente e inaplazable necesidad, que el designado cumpla con los requisitos previstos en la RPT para ocupar la plaza, la competencia para acordarla, que en su caso se oferte la plaza en la siguiente convocatoria para la provisión por el sistema que corresponda, etc.).
  6. Que la convocatoria pública a la que se refiere el artículo 81.3 del EBEP no implica aplicar las exigencias y formalidades procedimentales propias de los sistemas de provisión ordinarios, en especial el concurso, bastando el anuncio de la oferta de la plaza en comisión de servicios, la constatación de que el adjudicatario cuenta con los requisitos para ocuparla según la relación de puestos de trabajo y su idoneidad para desempeñar la plaza vacante.

Sentencia que deja las cosas muy claras en cuanto a las comisiones de servicio por el artículo 64 del Real Decreto 364/1995. Es exigible que sean mediante convocatoria pública, así que no valen las excusas de que como era urgente su cobertura, no dio tiempo a convocarla ni publicarla, que se buscó al candidato más idóneo y fin de la historia.

Tomen nota los responsables de personal y, sobre todo, tome nota el funcionariado de esta importante sentencia del Tribunal Supremo para poder exigir el cumplimiento del ordenamiento jurídico y el respeto a los derechos inherentes a la movilidad del personal funcionario.

Podéis descargar la sentencia en el siguiente enlace: