CSI•F pide a la mutua de funcionarios mejor atención a sus 80.000 mutualistas en la provincia de Valencia
El sindicato reclama atención especializada en todos los municipios con más de 20.000 habitantes y que el 112 derive a sus pacientes
18 de Abril de 2017

El sindicato CSI·F pide a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) que mejore la atención y la cobertura médica a los 80.000 afiliados con que cuenta en la provincia de Valencia. Entre las propuestas para incrementar el servicio, la central sindical destaca la atención especializada en todos los municipios de más de 20.000 habitantes o que el 112 facilite los servicios de urgencia de las distintas aseguradoras.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) destaca que los recortes en la mutua de funcionarios han provocado que localidades como Alfafar, Moncada o Picassent dejen de ofrecer atención de médico especialista a sus beneficiarios. Muface exige que los municipios con especialistas superen los 20.000 habitantes y los 500 beneficiarios de la mutua. Esta última exigencia les ha privado del servicio. CSI·F pide a la mutua que la elimine.

El sindicato también ha trasladado a Muface la petición de que el teléfono de urgencias 112 facilite los números de los servicios de emergencias de las distintas aseguradoras médicas a los mutualistas. También que cada aseguradora habilite un número corto de urgencias. La central sindical explica que estas carencias provocan que, en caso de ser atendidos por los servicios ordinarios tras llamar al 112, luego el beneficiario recibe una factura del coste de la prestación. Para evitarlo el sindicato pide que se derive a su aseguradora.

La central sindical ha realizado otras propuestas de mejora del servicio, como un incremento del presupuesto para incluir tratamientos que sí que reciben los beneficiarios de la Seguridad Social pero no los mutualistas y beneficiarios del mutualismo administrativo. El sindicato apunta que el presupuesto de Muface se ha reducido 72 millones respecto al de 2010, lo que impide negociar una ampliación de servicios con las entidades médicas aseguradoras.

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