4.922 eventuales de 8.729

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios exige a Tragsa (la empresa pública al servicio del medio ambiente) rebajar durante el año 2022 a la mitad su alarmante porcentaje temporalidad que, a día de hoy, asciende hasta un 56%. En una plantilla de 8.729 trabajadores, CSIF denuncia que 4.922 trabajadores son eventuales frente a los 3.807 fijos, según los datos de la empresa a diciembre de 2021.

2.700 plazas antes del 01/06/2022

La eventualidad es desmesurada en Tragsa e incumple la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en vigor desde el 29/12/2021, que será de aplicación a entidades públicas como Tragsa. La norma establece que las ofertas de empleo deben estar publicadas antes del 1 de junio de 2022. De ahí que CSIF pida a Tragsa que se ponga manos a la obra con una oferta no inferior a las 2.700 plazas fijas para suavizar la temporalidad durante 2022. Y así avanzar pues la Ley exige que deberá estar por debajo del 8% antes del 31 de diciembre de 2024.

Más de 700 millones de euros

En una empresa como Tragsa, que ha cumplido 45 años de historia y que alcanza una cifra de negocio superior a los 700 millones de euros, CSIF reclama que ha llegado la hora de estabilizar a una plantilla que opera en campos tan diversos como el ámbito rural, la ingeniería, la gestión administrativa o las emergencias, entre otras.

Pero ¡ojo!

En cualquier caso, CSIF exige que el descenso de la temporalidad venga ligado siempre a la prohibición de hacer ERES territoriales en el hipotético caso de que en el futuro descienda el volumen de obras, tal y como sucedió en 2016. De ahí que CSIF exija que la estabilidad sea en letras mayúsculas y no condicionada a la producción, pues Tragsa es una empresa pública al servicio de la Administración.

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