Para CSIF, la actual situación en funciones del Gobierno no puede ser un obstáculo que impida adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos, respetando lo pactado en el II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo.

Conforme a nuestra legislación vigente, el Gobierno está facultado para dar luz verde a esta subida salarial a través de la aprobación de un Real Decreto y no puede ampararse en su situación en funciones para no aplicar la subida salarial desde enero de 2020.

Esta fórmula no sería una novedad, pues ya fue la utilizada por el Gobierno para hacer efectiva la subida salarial de los empleados públicos en 2019 ante la situación de prórroga presupuestaria y tras las concentraciones convocadas por CSIF, que fueron secundadas por miles de trabajadores, y a ella ha recurrido también recientemente para la actualización extraordinaria de las entregas a cuenta para 2019 a las Comunidades Autónomas de Régimen Común y a las Entidades Locales, y para el incremento de las pensiones, aprobadas en Consejo de Ministros el 11 de octubre y el 15 de noviembre respectivamente, y los empleados públicos tienen el mismo derecho a que se actualicen sus retribuciones desde enero .

Por todo lo anterior, para CSIF los empleados públicos merecen que el Gobierno ejecute en plazo los acuerdos alcanzados fruto de la negociación colectiva en materia salarial.

Para CSIF, las concentraciones convocadas para el próximo 28 de noviembre delante de todas las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno será la primera de las movilizaciones y en caso de no ser atendida nuestra justa reivindicación continuaremos con las medidas de presión necesarias.

Los empleados públicos tienen derecho a que se tramite un decreto para aplicar desde enero de 2020 la subida del 2% pactada y la situación política de gobierno en funciones no puede servir de excusa, pues el Gobierno tiene en sus manos los instrumentos legales para hacerla efectiva.