Suben las agresiones a trabajadores en las cárceles catalanas
13 de Marzo de 2016

Trabajar en una cárcel catalana se está convirtiendo este año en una profesión de riesgo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato mayoritario en la Direcció General de Serveis Penitenciaris, ha cuantificado 29 agresiones, tanto leves como graves, hasta principios de marzo en las prisiones, así como, tres lesiones dentro de las actuaciones laborales y 11 tentativas de dañar a los funcionarios y personal laboral que trabaja en los centros. 24 empleados públicos tuvieron que acudir a la mutua que tienen para tratarse estas agresiones, que en su mayoría se tratan de golpes y contusiones principalmente, y en cinco casos tuvieron que coger la baja ante la gravedad de las lesiones.

El Departament de Justícia considera incidente grave cuando un funcionario agredido por un interno recibe asistencia fuera de la cárcel y obtiene la baja laboral mientras que los leves son los percances que sufren los trabajadores sin tanta consideración, como los empujones. Fuentes de Serveis Penitenciaris afirman que no existe un aumento de las agresiones en los centros y recuerdan que en enero pasado se contabilizó un incidente grave y nueve leves en una población de unos 9.000 reclusos. Según Justícia en los tres primeros meses de 2015 hubo 13 agresiones leves y una grave.

Entre las agresiones más graves denunciadas está las lesiones que un interno de la Modelo provocó a dos funcionarios el pasado 16 de febrero, el mordisco que un preso le dio a otro trabajador por lo que se tuvo que activar el protocolo de enfermedades infecciosas en Puig de les Bases o como en el mismo centro un reo con antecedentes psiquiátricos fracturó la nariz de otro empleado. Pero la gota que colmó el vaso en el sindicato fue cuando el 2 de marzo en la cárcel de Ponent de Lleida, un interno del Departamento Especial de Régimen Cerrado, donde está por agresiones en centros penitenciarios y a agentes de policía, «empezó a destrozar el mobiliario y logró romper una ventana y hacerse con trozos de cristales y con una barra metálica de un metro de largo que usó para atacar a los funcionarios». Las denuncias de CSIF por estos ataques o intentos de lesionar a funcionarios se distribuyen por casi todas las cárceles catalanas aunque han sido más numerosos en Puig de les Basses, Figueres, y en la Modelo de Barcelona. También hubo agresiones en el Pabellón Hospitalario Penitenciario de Terrassa y dos tentativas en la prisión de Mas d'Enric de Tarragona que funciona desde noviembre.

Ante el aumento de incidentes denunciados, el responsable de CSIF Prisiones, Juan Luis Escudero, reclamó un «blindaje normativo» para los funcionarios como que sean considerados «autoridad» como los policías, los maestros o los sanitarios por lo que si reciben una agresión se pueda condenar al interno por un delito de atentado a la autoridad, lo que incrementaría la pena y los agresores «se lo pensarían mejor». Escudero, que también lamentó las amenazas que sufren fuera de las prisiones, recordó que el modelo penitenciario catalán es «más próximo con el interno, tenemos más contacto» por lo que cuando hay incidentes el funcionario es de los que más recibe. Además, destacó que los trabajadores penitenciarios catalanes «no llevan consigo ningún material de reducción efectiva» como esposas o porras sino que «van a cuerpo descubierto».

Los representantes sindicales lamentan que las agresiones a funcionarios «salgan muy baratas» a los internos ya que muchas veces son trasladados de centro en caso de reincidir hasta que «traspasan el problema» al Ministerio del Interior para que lo ubique en otra cárcel española. Además, piden a Justícia que se persone como acusación particular en los casos judiciales por estas agresiones, que ponga más medios técnicos para mejorar la seguridad e incremente el personal en aquellas cárceles en las que hay más internos por trabajador ya que en un patio de la Modelo pueden encontrarse seis funcionarios por 400 presos. Escudero reclamó que se unifique un protocolo de actuación entre todas las prisiones ya que cada centro tiene el suyo y a veces los agredidos se encuentran con que se quedan solos en las mutuas de asistencia. «No hay un seguimiento psicológico de los funcionarios lesionados», afirma Escudero quien detalla cómo un interno mordió a trabajador y se pasa meses esperando recibir el resultado de las pruebas médicas para ver si ha sido contagiado de alguna enfermedad «con la tensión y angustia psicológica que supone» sin que nadie de Serveis Penitenciaris se preocupe.

Pese a esto, el sindicato valoró la actitud de Justícia de crear un subgrupo de la comisión de la mesa de negociación sindical para hacer un seguimiento de los casos de agresiones o intentos de lesionar al personal que trabaja en las cárceles. Alberto Gómez, representante de CSIF Prisiones, destacó el compromiso de la administración para estudiar cada episodio de violencia en las cárceles. Desde Justícia se indicó que, en un «ejercicio de transparencia», se han propuesto reuniones mensuales con los sindicatos para compartir la información y análisis sobre los incidentes sobre el persona penitenciario, que es un cuerpo «habituado a trabajar en situaciones de conflicto».

GERMÁN GONZÁLEZ- DIARIO EL MUNDO, 13 DE MARZO 2016

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