RESUMEN DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 22 DE DICIEMBRE DE 2010-12-22
07 de Enero de 2011

Proyecto de Decreto sobre adaptación de puestos de trabajo y movilidad por motivos de salud o de rehabilitación

En el último Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral (celebrado el 3 de diciembre de 2010, a petición de la parte social) pues consideramos los delegados sindicales que este proyecto de Decreto sobre adaptación de puestos de trabajo y movilidad por motivos de salud era lo suficientemente importante como para tratarlo en este Comité. Nuestro Sindicato CSI-F facilitó a la Administración aportaciones a dicho Proyecto de Decreto (al igual que al resto de las organizaciones sindicales). Nuestra sorpresa fue que en el último borrador
del Proyecto remitido por la Administración no refleja ni recoge nuestras consideraciones (ni tampoco las aportadas por el resto de Sindicatos) y, sin embargo se han incluido todas las alegaciones que la propia Administración había considerado oportunas.

Desde el Sindicato CSI-F hemos rechazado la aprobación de dicho Proyecto de Decreto, por lo anteriormente reseñado, y por otra parte creemos que se trata de un nuevo menosprecio al Comité Regional de Seguridad y Salud Laboral y al trabajo de las Organizaciones Sindicales.

¿Dé que sirve nuestro trabajo previo desde Salud Laboral, si la Administración no tiene en cuenta las aportaciones de los representantes legales de los trabajadores? ¿Para qué sirven las mesas de negociación?, hace lo que le interesa una y otra vez. Esto es, seguir incumpliendo La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (en vigor desde hace 15 años).

Consideramos que en este Proyecto de Decreto no se contempla por igual a todos los empleados públicos, estando claramente en desventaja el personal estatutario, el personal docente y el personal laboral.

Desde CSI-F no podemos admitir que en este Proyecto, la Consejería de Educación siga sin crear un Servicio de Prevención propio y, pretenda que esta responsabilidad recaiga sobre los Inspectores Médicos que hay en cada una de las Delegaciones Provinciales (este personal no puede asumir funciones que no le corresponden), y si firmamos dicho proyecto, no haremos más que dilatar en el tiempo que los 32.000 funcionarios de esta Consejería sigan sin tener un servicio de prevención propio, no existe ni siquiera un médico especializado en medicina del trabajo. Por lo que nuestro Sindicato no hace más que afirmar delante del Director General de Administraciones Públicas que los profesionales que trabajan para esta Consejería son considerados como de cuarta categoría, ya que los funcionarios de Administraciones Públicas y del Sescam sí poseen Servicio de Prevención.

Por otro lado, se pretende que a los Delegados de Prevención se les pueda dar información semestral, cuando por ley, la Administración está obligada a darnos ésta puntualmente.

Otro punto en desacuerdo, es la falta de confidencialidad, si cuando un Profesional de la Salud emite un parte de baja médica usa una codificación específica para reseñar el motivo de la baja (con el fin de preservar el secreto profesional), cómo la Administración pretende que cualquier trabajador que solicite una adaptación o cambio de puesto, tenga que presentar documentación sanitaria a personal no médico, a cualquier administrativo que le corresponda trabajar en este campo.

Además, la Administración reseñaba que el plazo para la posible respuesta a una adaptación o movilidad funcional ante una solicitud de cualquier trabajador de la Junta, se pudiera establecer en un tiempo máximo de 6 meses (cuando nuestro Sindicato considera éste como excesivo, al tratarse de un tema tan delicado como es la protección de la salud de nuestros trabajadores); respuesta que debería de ser lo más rápida posible. Por lo que se pide que este plazo se acortara a tres meses máximo.

Por todo lo expuesto anteriormente y, por considerar que este Proyecto de Decreto, lo único que pretendía la Administración era legalizar lo que hasta ahora se venía desarrollando, y estudiando que no cumple taxativamente lo que la Ley de Prevención obliga, es por lo que LOS REPRESENTANTES DE SALUD LABORAL se han negado a firmar este Proyecto y piden al Director General de Función Pública que fuese retirado.