CSIF inicia movilizaciones para exigir el fin de los recortes y mejoras en la Función Pública de la región
-Los delegados del sindicato en Castilla-La Mancha se concentrarán el próximo 28 de abril en el Palacio de Fuensalida ante el abandono y maltrato que padecen los empleados públicos por el Gobierno regional
20 de Abril de 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se concentrará el próximo jueves 28 de abril frente al Palacio de Fuensalida, en Toledo, en protesta por el abandono y maltrato al que somete el Gobierno regional a los empleados públicos de Castilla-La Mancha.

CSIF expone que el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, ha incumplido de manera sistemática todas sus promesas en Función Pública, cronificando los recortes y carencias a los que prometió poner fin. Por ello, la Central Sindical escenificará el próximo jueves su protesta y pedirá a García-Page que recapacite y trabaje por la recuperación de los servicios públicos.

El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, subraya que “tenemos derechos congelados desde 2012, plantillas deficitarias, personal laboral e interinos que son despedidos en verano, temporalidad, falta de recursos, sanitarios desbordados, una pérdida del poder adquisitivo que supera el 22% desde 2010, servicios que se externalizan, un aumento de las agresiones…”.

Retamosa alerta de la peligrosa deriva del Gobierno regional, plegado en la complacencia que le da la mayoría absoluta, de la que hace uso “como un rodillo” mientras “arrastramos años de recortes, de derechos congelados, de promesas incumplidas y palabras vacías”.

Además, CSIF también resalta que la situación no es mejor entre los trabajadores de la empresa privada, con una siniestralidad que continúa disparada, con una inflación que no da tregua, con falta de estabilidad, niveles de paro muy altos y con casi el 30% de la población de la región en riesgo de pobreza y/o exclusión social.

Mientras tanto, Retamosa ha vuelto a censurar los 46,5 millones de euros de dinero público concedidos desde 2014 por el Gobierno regional a CCOO, UGT y Cecam, además de los 137 altos cargos de la Junta, prácticamente el doble que cinco años atrás y que suponen un gasto superior a los 9 millones de euros. En el capítulo de asesores, la Junta cuenta con más de un centenar cuyos sueldos van desde los 50.000 hasta los 68.000 euros y a os que no se les exige ninguna titulación.

Con estos “despilfarros, el Gobierno de García-Page no nos da ningún ejemplo motivador y no nos puede pedir que nos apretemos más el cinturón. Tienen una vara distinta para medir y su embudo es muy ancho, y el nuestro muy estrecho. La mayoría absoluta se está usando como un rodillo en lugar de gobernar para todos”, concluye Retamosa.



LA LEY 4/2011 Y LA TRAICIÓN A LOS EMPLEADOS PÚBLICOS
CSIF denuncia que el Ejecutivo autonómico continúa sin desarrollar puntos fundamentales de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, como la implantación de la carrera profesional horizontal en los trabajadores de la Administración autonómica y la creación de nuevos grupos profesionales.

La vicepresidenta de CSIF Castilla-La Mancha, Victoria Ortiz, señala que supone un “insulto” para los empleados públicos, ya que les “priva de ascenso y expectativas de progreso profesional”, todo lo contrario que los asesores y altos cargos, que rompen los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública.

En este sentido, Ortiz ha recordado cómo el Gobierno de García-Page aprobó la Ley 11/2019, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, que supuso la consolidación de la carrera profesional de los altos cargos, que obtienen el nivel máximo de su titulación, a la que no puede acceder la práctica totalidad del funcionariado aunque lleven 30 años de servicios prestados, y de la que “no conocemos su impacto económico a pesar de haberlo reclamado, se ha hecho uso de la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha para aprobar un texto que crea una casta de trabajadores que promocionan por su adscripción a unos colores políticos”.

“Qué rápido se olvida el Gobierno autonómico cuando los sanitarios lo daban todo, doblaban turnos y tenían que usar bolsas de basura para protegerse, cuando se despreció a los docentes a pesar de sacar adelante los cursos más difíciles a causa de la pandemia, a todos los trabajadores autonómicos, de administraciones locales o de empresas privadas que no dudaron en exponerse… los aplausos y palmaditas en el hombro no bastan, sobran los motivos para movilizarse”, concluye Ortiz.