La siniestralidad, la precariedad laboral y los servicios públicos, grandes retos del 2022
-El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, reclama esfuerzos al Gobierno regional para avanzar hacia una sociedad más justa
05 de Enero de 2022

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno regional medidas contundentes para acabar con la siniestralidad y la precariedad laboral, así como una apuesta verdadera y efectiva por los servicios públicos como vertebradores de la sociedad castellanomanchega.

Para el sindicato, la seguridad en el puesto de trabajo es fundamental y debe convertirse en una prioridad para el conjunto de administraciones y empresas. El presidente de CSIF Castilla-La Mancha, Julio Retamosa, señala que “nuestra comunidad es un punto negro en el ámbito de la siniestralidad. Los datos demuestran que no se están haciendo bien las cosas”.

CSIF aboga por la dotación de recursos humanos y materiales dentro de un cuerpo autonómico de técnicos de prevención de riesgos laborales, por el cumplimiento de las normas de seguridad y por una mayor vigilancia.

Reducir la precariedad laboral en la empresa privada de Castilla-La Mancha es otro de los grandes retos, que se refleja en la dificultad para acceder al mercado de trabajo, la rampante temporalidad en la relación contractual, los bajos salarios, la brecha de género y el desempleo en los colectivos más vulnerables. “Destinar con eficacia los recursos públicos para tener una sociedad más justa en la región es una obligación moral de nuestra Administración autonómica”, explica Retamosa.

Como tercer eje se sitúa la necesidad de reforzar los servicios públicos, castigados y extenuados tras las sucesivas olas de coronavirus. “Son los vertebradores de nuestra sociedad, dejar a un lado los empleados públicos significa dejar atrás a los más vulnerables”, subraya el presidente de CSIF Castilla-La Mancha.

Para abordar la recuperación de los servicios públicos es imprescindible abordar la mejora de las condiciones laborales, entre ellas una necesaria subida salarial del 3,6% para el conjunto de los empleados públicos para tratar de hacer frente a la pérdida acumulada de poder adquisitivo y la implantación de la carrera profesional en todos los sectores.