CSIF, CCOO y UGT -sindicatos más representativos de Función Pública- han fijado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública un calendario para negociar un nuevo acuerdo en el seno de las Administraciones Públicas y el sector público empresarial. El impacto del IPC sobre el sueldo de las empleadas y los empleados públicos es una materia que se abordará en las próximas reuniones.

El proceso de diálogo también incluirá aspectos fundamentales para el futuro laboral de las empleadas y los empleados públicos como son la digitalización, la jubilación, la promoción interna, la movilidad y la carrera profesional, entre otros.

Durante la reunión que CSIF y CCOO; UGT han mantenido, en el marco de la Comisión de Seguimiento del Plan de choque para reducir la temporalidad en las Administraciones Públicas, se han analizado los instrumentos para establecer los criterios para el desarrollo de la nueva ley sobre temporalidad. Estas mismas cuestiones se debatieron también ayer en el marco de la Comisión de Coordinación de Empleo Público.

Los sindicatos han pedido que el desarrollo de los procesos selectivos derivados de la Ley 20/2021 deben ofrecer seguridad jurídica y garantizar el principio de equidad para evitar que se produzcan situaciones lesivas para los y las aspirantes. Es necesario, además, agilizar las convocatorias para que proceso de estabilización en las Administraciones Públicas acabe con la desorbitada temporalidad en el sector público y ésta no supere la cifra máxima del 8%.