La falta de voluntad de consenso del Ministerio es notoria y evidente. No contestaron al escrito presentado hace 3 semanas por CSIF y el resto de organizaciones sindicales solicitando negociar los planes de agilización y las medidas organizativas. Este fin de semana el Ministerio ha filtrado el borrador del RDL sin dar traslado oficial del mismo y que ha llegado incluso a la prensa, desperdiciando estos últimos cuatro días para escuchar objeciones y propuestas y estudiar alternativas.

CSIF lamenta que el Ministerio decidiera, el pasado jueves, no facilitarnos el borrador y exigir la “adhesión inquebrantable” en vez de optar por el diálogo. CSIF recuerda al Ministerio y a las CCAA que la aplicación de las medidas impuestas por el Ministro de Justicia en el Real Decreto Ley debe ser negociada con las organizaciones sindicales

Pero antes de estas medidas el Ministerio debe cumplir con la obligación establecida en el art. 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales protegiendo la salud de todo el personal que se reincorpore a la actividad. En caso contrario, cada contagio, baja o pérdida será responsabilidad directa de éste Ministerio y sus representantes al no garantizar y preservar la salud de sus trabajadores.

No se puede plantear la vuelta a la actividad sin garantizar la salud laboral y, en una crisis de salud pública, con más razón. Para ello, el Ministerio está obligado, a presentar a los sindicatos un plan de reincorporación de personal en el que deberían estar, entre otras, las siguientes medidas:

• Para CSIF es necesaria la realización de test fiables a todo el personal de Justicia que se incorpore a su puesto de trabajo incluidos a aquéllos que salen de una baja por COVID 19 confirmado o posible. Ahora que parece que el confinamiento ha dado resultado y que las cifras oficiales van a la baja, no podemos permitirnos un rebrote por una vuelta incontrolada a la actividad.
• CSIF exige que se asegure con hechos objetivos, no con vagas promesas como hizo el jueves, un suministro estable y suficiente de medios de protección (en especial mascarillas) a todo el personal que se reincorpore.
• Restricción absoluta de acceso a los edificios judiciales y control de permanencia en las sedes judiciales.
• Información actualizada puntual y, como mínimo, semanal. de la incidencia del virus en la Administración de Justicia.
• Activar los comités de seguridad y salud que han sido marginados en la toma de decisiones sobre salud laboral en toda la crisis.

En relación con las medidas del RDL:

ATENCIÓN TELEFÓNICA y TELEMÁTICA // No se puede convertir los Juzgados en unos receptores de llamadas y de correos electrónicos sin limitación alguna, porque las continuas interrupciones retardan y entorpecen la tramitación de los procedimientos. Además, el Ministerio parece olvidar que por normativa de protección de datos no se debería facilitar información sobre procedimientos judiciales por teléfono ya que no es posible comprobar si quien está realizando la consulta es quien dice ser o no. En cuanto a la cita previa es necesario plantear los criterios de reparto de citas pues la mera mención en el RDL no garantiza su utilidad.

HABILITACIÓN DEL MES DE AGOSTO (del 11 al 31) // Para que quede claro a todo el mundo, desde siempre todas las oficinas judiciales permanecen abiertas y en funcionamiento durante el mes de agosto y se sigue trabajando, eso sí, con fecha del 1 de septiembre para permitir que los Abogados y Procuradores puedan cogerse ese mes de vacaciones. Este mes se aprovecha, precisamente, para poner al día los Juzgados.

No será un sindicato como CSIF el que vaya en contra del ejercicio de los derechos a vacaciones y a la conciliación de estos trabajadores, pero tampoco vamos a consentir que sean ellos los que intenten mediatizar el disfrute de esos derechos por el personal de Justicia como han hecho y siguen haciendo algunas organizaciones colegiales con el silencio del Ministerio que lo permite.

Lo que el Ministerio se ha negado a escuchar es que, en las circunstancias que estamos pasando, habrá que garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar durante ese mes de agosto en relación con los menores, dependientes y mayores a cargo de los funcionarios/as con los colegios y centros de días cerrados y la más que imposible opción de dejar a los hijos al cargo de los abuelos.

Para terminar, esta medida sólo es efectiva si realmente se señalan actos procesales para estas fechas y eso implica “aconsejar” a los Jueces a que lo hagan.

TURNOS DE MAÑANA Y TARDE // CSIF cree que deberían negociarse prolongaciones de jornada antes que establecer estos turnos de mañana y de tarde de forma unilateral. Los funcionarios/as podrían alternarse por días y realizar esas prolongaciones de jornadas voluntarias. Como la anterior esta medida, además, depende de que, efectivamente, se señalen actos procesales por la tarde.

En relación con las jornadas de mañana y tarde CSIF exige que se tengan en cuenta las siguientes cuestiones:

• Debe estudiarse si, por las condiciones del lugar de trabajo, es posible continuar con la jornada sólo de mañana.
• Debe preverse un periodo de tiempo, mínimo media hora, para facilitar la entrada la entrada y salida escalonada de los funcionarios/as.
• Deben limpiarse las sedes entre turnos dejando mínimo una hora y media el edificio vacío entre turno y turno.
• En aquéllos lugares donde no se pueda continuar con la jornada continua de mañana:

• debe fomentarse la elección del turno de tarde de forma voluntaria y;
• deben negociarse los mecanismos de adjudicación del turno de tarde en el caso de que haya que hacerlo de forma forzosa.

ACTUACIONES DENTRO DE UN MISMO CENTRO DE DESTINO //

Con carácter previo a la adopción de esta medida,

• el Ministerio debe garantizar la cobertura de todas las vacantes existentes, así como de las bajas a través de la activación de las bolsas de interinos que están suspendidas.

• debe realizarse el nombramiento de refuerzos en aquéllos órganos o jurisdicciones que así lo exijan.

Por otro lado, para CSIF la medida, tal y como está redactada, es confusa y no garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de origen.

Impide acceder a retribuciones más altas si el puesto de trabajo que se ocupa temporalmente las tiene asignadas lo que no es aceptable.

No obstante, para CSIF la medida combinada con el teletrabajo, la dotación de vacantes y los refuerzos; es prácticamente innecesaria. De aplicarse, puede no ser eficaz dada la especialización de algunos órganos judiciales que dificultan la rápida adaptación del personal a determinados destinos como juzgados mercantiles o familia.

En el caso de que se vayan a adoptar medidas de movilidad debe quedar constancia por escrito sobre:

• El carácter voluntario de la movilidad y el plazo de duración que no podrá exceder del establecido en el RDL.
• Garantía de mantenimiento del puesto de trabajo concreto que se desempeña antes del cambio. (esta garantía debería constar en el mismo RDL de forma expresa).
• Los motivos concretos que justificarían esa movilidad y no una referencia genérica a que resulte imprescindible para garantizar la correcta prestación del servicio que se va a convertir en un copia y pega.

EN CONCLUSIÓN, estas y otras propuestas son las que el Ministro no ha querido escuchar desde el principio de esta crisis, las que el Ministro se ha negado a escuchar durante estas últimas semanas, las que desdeñó el pasado jueves y las que ha obviado durante estos cuatro últimos días. Curiosa forma de buscar consensos y acuerdos tiene este Ministerio de Justicia.