El Ministro de Justicia confirma en Mesa Sectorial el abandono definitivo de la entrega del Registro Civil a los Registradores de la propiedad y mercantiles
28 de Abril de 2015

La decisión, anunciada en el transcurso de la mesa sectorial de esta mañana, supone, sin duda, un triunfo de las movilizaciones de los funcionarios de justicia contra la privatización de este servicio público esencial.

Tal y como reclamó CSI·F, el ministro aseguró que esta decisión conlleva:

1º La derogación de todas las leyes que se promulgaron esta legislatura para favorecer el traspaso del Registro a la gestión privada de registradores de propiedad y mercantiles, en concreto el RDL 8/2014 y la Ley 18/2014 que lo convalida. Anulará también las disposiciones de la Ley que concede la nacionalidad a los sefardíes en tanto que encomendaba la tramitación de expedientes de nacionalidad a los registradores. Estas leyes serán derogadas vía enmienda al Proyecto de Ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, en el Congreso de los Diputados que se harán efectivas en los próximos días, según explicó el ministro, con lo que se desactivará la entrega del Registro Civil a los registradores.

2º Asimismo, adelantó que la Ley 20/2011 sufrirá una nueva prórroga para su entrada en vigor (vacatio legis), previsiblemente hasta finales de 2016. Sería preferible una prórroga de 2 años y así lo hemos propuesto. No obstante, para CSIF la decisión más correcta sería la derogación de esta ley, es decir, la prórroga eterna de la vacatio legis, pues es el origen de la privatización del Registro civil al ser la primera ley que excluyó a los funcionarios de Justicia del Registro civil.

CSI·F ha estado SIEMPRE con los funcionarios de Justicia y lo VA A SEGUIR ESTANDO, convocando movilizaciones (desde el año 2012), apoyando todas las iniciativas que se han puesto en marcha con este fin (incluida la recogida de firmas o la manifestación convocada por la plataforma de funcionarios), instando a Ayuntamientos y CCAA para que se sumaran a la oposición a la privatización promoviendo mociones en sus plenos, vía enmiendas a los Grupos Parlamentarios; concitando la atención de partidos políticos, asociaciones sociales explicando las consecuencias perniciosas para la ciudadanía de la privatización del Registro civil y buscando su adhesión a la lucha contra la privatización; trasladando el mensaje en defensa del Registro civil público y gratuito gestionado por funcionarios de Justicia a los medios de comunicación y denunciando todos los días, sin descanso, las mentiras y medias verdades que escondía este proyecto.

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