Se trata de una reforma hecha de cara a la galería que no aborda los problemas reales de la instrucción penal y no reconoce la necesidad evidente de medios personales y materiales


Así se lo hemos hecho constar en un informe al Ministerio de Justicia sobre la repercusión de la modificación aprobada por el Consejo de Ministros el pasado viernes 5 de diciembre en las condiciones de trabajo de los funcionarios de Justicia. Una modificación que se ha realizado sin contar con la opinión de los funcionarios que algo sabrán aunque sea porque tramitan a diario miles de asuntos en los Juzgados de instrucción. Una reforma que parte de presupuestos objetivamente falsos (como que existe una Administración de Justicia tecnológicamente avanzada) y que, no van a suponer una mejora en la prestación del servicio pues no se acometen los verdaderos problemas de la instrucción penal.

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