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El BOE de hoy publica la testimonial Oferta de Empleo Público en la Administración de Justicia. El Consejo de Ministros aprobó ayer el desastre y certifica la estrategia de de abandono de los servicios públicos para luego privatizarlos como es el caso del Registro civil (que se va a regalar a los colegas del Sr. Rajoy) y, muy pronto, veremos con los actos de ejecución (ver el borrador de reforma de la LOPJ).
Esta ridícula y selectiva (pues deja fuera a Tramitación, Auxilio y Cuerpos especiales) "oferta" de empleo público pone de manifiesto el escaso interés de los políticos por la Administración de Justicia que se ha demostrado, además, de por la escasez de plazas, por el nulo peso político del Sr. Gallardón para imponer el cumplimiento de un acuerdo que se había alcanzado entre función pública (dependiente de Montoro) y el Ministerio de Justicia. Un acuerdo que lejos de aumentar plantilla la mantenía en sus niveles actuales consolidando empleo temporal y que suponía reducción del gasto de personal (por el menor coste que supone un funcionario titular). Un acuerdo que, por cierto, aplicaba los mismos criterios que sirvieron para fijar la oferta de plazas en las carreras judicial y fiscal.
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