CSIF denuncia retrasos de hasta 17 años en la valoración de las solicitudes del plus de penosidad para el personal laboral de la Junta
ACTUALIDAD|AGJA
14 de Marzo de 2022
  • El sindicato lamenta que trabajadores y trabajadoras de distintas consejerías estén pendientes durante años de que se estudien sus expedientes y que incluso algunos de ellos se hayan concedido cuando las personas interesadas ya se habían jubilado

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), primera fuerza sindical en la Administración Pública, ha denunciado los retrasos que acumula la valoración de las solicitudes presentadas por el personal laboral de la Junta de Andalucía para acogerse al plus de penosidad, toxicidad y/o peligrosidad que fue recuperado en Mesa General de Negociación Común y ratificado por el Consejo de Gobierno en julio de 2018, tras el parón que supuso en 2012 la Ley de equililbrio y sostenibilidad financiera. Algunas de las solicitudes pendientes datan de hace 17 años y los expedientes que se retomaron hace tres años siguen sin resolverse en su gran mayoría.

El sector de la Administración General de la Junta de Andalucía (AGJA) en CSIF ha lamentado este lunes la “falta de celeridad” de la Junta para estudiar y valorar estas solicitudes, al tiempo que ha recordado que el grupo de trabajo para establecer este tipo de complemento debía reunirse con una periodicidad “razonable”, según el compromiso adquirido por la Junta.

CSIF ha recordado que con fecha 20 de septiembre de 2018 se establecieron una serie de criterios para el estudio de las solicitudes acumuladas y se acordó que el estudio de los expedientes se comenzará por el personal de Carreteras, el de los Centros de Menores, el de Laboratorio y el de Centros de Mayores.

“Tres años después, aún se están estudiando los expedientes correspondientes al personal de Carreteras y de Centros de Menores”, según ha subrayado la central sindical, que ha detallado que en la última de estas reuniones, que tuvo lugar el pasado 11 de marzo, cinco de los expedientes que resultaron favorables correspondían a personas que en la actualidad están jubiladas.

“Ésta es la diligencia a la que la Administración nos tiene acostumbrados”, ha criticado el sindicato, que ha añadido que para las personas que están en este caso solicita que se les abone la cuantía correspondiente desde la solicitud del plus hasta el momento de su jubilación efectiva.

En esta línea, el Sector de AGJA de CSIF pone de relieve que en la reunión del pasado 11 de marzo se estudiaron expedientes cuya evaluación de riesgos del técnico de Prevención databa del año 2005, con lo que no es posible que dicho análisis responda a la situación actual, “máxime cuando se trata de colectivos de trabajadores y trabajadoras de centros de menores, que se encuentran en contacto directo con menores que ingresan sin un reconocimiento médico previo y que pueden ser portadores de enfermedades. “A ello se ha unido la Covid-19, que ha complicado aún más la situación”, según la central sindical.

Por todo ello, CSIF urge a la Administración autonómica a retomar a la mayor brevedad posible las reuniones del grupo de trabajo para valorar las solicitudes de este plus y a poner las herramientas necesarias para corregir los retrasos y agilizar el proceso de estudio y concesión, de manera que no se esté privando a los trabajadores y trabajadoras afectados del cobro de este concepto, recogido para el puesto de trabajo que desempeñan.